La semana que dejó varias situaciones novedosas con respecto a la ola de amenazas de bombas en colegios. Por un lado se profundizó la persecución penal que dio como resultado detenciones de algunos padres de estudiantes, acusados por presunta intimidación pública. Por otra parte, los profesores expusieron que ahora, con el cambio de protocolo que se puso en marcha desde el lunes pasado, tienen elementos para poder tomar ciertas resoluciones ante un fenómeno que llegó a afectar severamente el ciclo educativo. Por último, los estudiantes hicieron planteos en el sentido de que se debería estudiar las razones sociales profundas de esta ola y advirtieron sobre la falta de diálogo entre autoridades y alumnos.
La acción de la Justicia, con las detenciones preventivas llevadas a cabo mientras se sustancia la investigación han generado la necesidad de debatir sobre esta forma de actuar, en vista de que las medidas tomadas hace tres semanas contra padres en casos similares eran sustancialmente más benignas. Además, se puso en evidencia la falta de elementos técnicos para investigar, como la forma de hacer geolocalizacióin de llamadas. Y además mostró el caos en que se desarrolla el sistema de comunicaciones, sumamente frágil ante los ataques de hackers, lo cual debe ser estudiado.
No obstante, ha habido consenso en que la reacción enérgica del sistema judicial y el cambio de protocolos de las autoridades de Educación y Seguridad, si bien no pusieron fin a los mensajes intimidantes, lograron disminuir sustancialmente las amenazas y permitieron el regreso a una relativa normalidad. Es de esperar que las investigaciones lleguen hasta el final, que se procure saber qué pasó y resolver lo sucedido en colegios como el Huerto, la escuela Congreso y la Normal, que estuvieron paralizados prácticamente en agosto.
En cuanto a los docentes y las autoridades educativas, quedó la lección sobre la necesidad de fomentar que los chicos sepan que estos actos tienen consecuencias y que los padres deben tener mayor control sobre los dispositivos de sus hijos. En este sentido, ha sido ejemplificadora la reacción que tuvieron las autoridades del Instituto San José de Calasanz en mayo, que rápidamente identificaron a los autores de las amenazas y, sin necesidad de desencadenar un proceso penal, convocaron a padres y a la Policía para que se haga reflexionar a los traviesos y se los capacite para hablar del tema en todos los cursos. Acaso esa solución se debería difundir por todo el sistema educativo,
Finalmente, los estudiantes que analizaron el problema de las amenazas en el programa “Panorama Tucumano” el martes pasado plantearon varias aristas: primero, que se ve reflejado en la sociedad un gran incremento de la violencia y que eso repercute en el accionar de mucha gente. Se debería estudiar esas motivaciones. En segundo lugar, que no hay comunicación entre autoridades y estudiantado y que se tiende a creer que los estudiantes buscan por diversión estas situaciones, cuando ellos sienten cansancio, porque son los principales afectados. Por último, que se debería abrir un canal de diálogo para que los jóvenes puedan expresar sus inquietudes. Bueno sería reflexionar al respecto.